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La iglesia católica en la arena política
Por • Armando Maya Castro
Ciudad de México Mar Mar 6 2012 16:25:14

La Secretaría de Gobernación acaba de informar que en el próximo proceso electoral, las iglesias deberán promover “entre sus feligreses el derecho al sufragio libre, secreto y universal”. ¿Es esta la respuesta al reciente exhorto que el pleno de la Cámara de Diputados hiciera al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en el sentido de evitar que las asociaciones o líderes religiosos emitan declaraciones relacionadas con el proceso electoral?

El llamado a promover el voto entre los fieles ocasionará que los clérigos de la Iglesia católica, interesados en llevar al triunfo electoral a determinados candidatos, violen los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíben terminantemente a los ministros de culto realizar actividades proselitistas a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna.

Desde hace mucho tiempo, la Iglesia católica ha realizado sutilmente actividades de proselitismo político. En marzo de 2003, los obispos que aglutina la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicaron diversos documentos con “criterios orientadores”: “¿Por quién votar? Criterios ante las próximas elecciones” (diócesis de Jalapa); “Por un voto responsable” (diócesis de Morelos); “Un católico vota así” (diócesis de Querétaro) y el principal de ellos, “Votemos con responsabilidad”, mensaje pastoral de la CEM dirigido al pueblo de México, cuyo contenido “podía interpretarse como una velada inducción al voto en contra de algunas posiciones u opciones políticas”. En el parágrafo 14 de dicho documento, la CEM señala: “A los sacerdotes y a los religiosos les recordamos que como pastores estamos llamados a ser factores de unidad y de comunión, de reconciliación y de paz, por lo que no es nuestro papel hablar en favor o en contra de ningún candidato o partido político en particular; hemos de respetar la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas, dentro de un pluralismo de partidos”.

En ese mismo punto, la Conferencia del Episcopado Mexicano refiere que “su misión” consiste en “orientar con los principios éticos de la doctrina social cristiana sobre los derechos y deberes políticos de los fieles laicos, ayudando a formar una conciencia social”. Esta supuesta misión orientadora evidenciaba que los obispos y demás clérigos de la Iglesia católica iban a desplegar un trabajo proselitista a favor del candidato o partido que mejor responda a sus convicciones personales.

Al respecto, Roberto Blancarte, especialista en los temas de sociología de las religiones y laicidad, opina: “...un obispo puede tener sus convicciones políticas personales, pero no debe utilizar el púlpito para avanzarlas, tampoco un legislador católico, o de cualquier otra religión, puede utilizar su representación para llevar adelante un proyecto individual o de una asociación religiosa, ni imponer su visión doctrinal, por encima del interés colectivo”.

La invitación que la Segob hace a las asociaciones religiosas para que promuevan el voto le cae de perlas a la Iglesia católica, interesada en sacar adelante su propio proyecto de nación, según lo establece el documento de la CEM, emitido en marzo del año 2000, titulado “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”, del que “se desprendía la necesidad de tener un Estado acorde con esa supuesta identidad cultural del país”.

A partir de ahora, quedarán sin sanción las acciones proselitistas como las que en el 2003 realizara el obispo de Querétaro, Mario de Gasperín, quien dijo a los católicos de su diócesis: “No se puede votar por quien se oponga o niegue el derecho inalienable de los padres de familia a escoger el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, quieran para sus hijos”.

El episcopado en su conjunto pretende que el voto de los fieles de la Iglesia católica favorezcan a los “políticos católicos” que han propuesto reformas constitucionales acordes con los intereses del clero. O bien, que el sufragio de aquéllos sea en favor de los políticos que han contribuido con su voto a lograr el avance de modificaciones legislativas como la reforma del artículo 24 constitucional, tan anhelada por una Iglesia que pretende recuperar los privilegios que tuvo cuando México era un Estado confesional.

La mayoría de los mexicanos no creen en la palabra de aquellos obispos que han dicho que la Iglesia católica se autolimitará y no permitirá que sus sacerdotes inciten a la feligresía a votar por tal o cual partido o candidato. Mi opinión al respecto es que la jerarquía católica le tomará la palabra a la Segob, y a partir de ahora se intensificará la intromisión clerical en el actual proceso electoral. La Iglesia católica sabe que su presencia en dicho proceso le permitirá promover y exigir a los líderes políticos un compromiso con su fe, lo “que en la práctica equivale al compromiso con las disposiciones del Vaticano. La pregunta obligada es esta: ¿dónde queda entonces el compromiso de estos políticos con México?

La Iglesia en la política electoral

Arnaldo Córdova

La Iglesia católica o, por mejor decir, su jerarquía, ha actuado en la política nacional desde tiempos inmemoriales. De su parte, no ha habido gobierno, también desde antaño, que no haya tenido estrechas relaciones con ella, relaciones que, por lo general, eran de entendimiento y muy raras veces de confrontación. Pero los obispos siempre han albergado un apetito feroz por inmiscuirse en las lides electorales, de las que nunca les ha faltado la comprensión de que son decisivas para la conformación de los gobiernos y de la representación popular, incluso en los tiempos del PRI gobernante.

En cuestiones electorales, empero, la Iglesia fue hasta hace poco muy discreta en su actuar, tratando de mantener una imagen que, aunque no negara su interés tan vivo, la mantuviera al margen de cualquier represalia. Las cosas cambiaron decisivamente después de las reformas salinistas de principios de los noventa. Los obispos tendieron a inmiscuirse, cada vez más, en los asuntos electorales, tratando de dar orientaciones a sus fieles sobre cómo votar y hasta vetando a ciertos candidatos, como lo pudimos ver con toda claridad en los procesos de 2006. Onésimo Cepeda estuvo, incluso, a punto de ser sancionado por sus agresiones verbales.

Por ello no puede sorprendernos el contenido de las orientaciones pastorales que el cardenal Rivera Carrera y sus ocho obispos auxiliares hicieron público el pasado 15 de febrero, que está fechado tres días antes. Se trata de un acto de intervención abierta de la jerarquía en el proceso electoral que apenas comienza.

Para empezar, en él se fija el deber de los pastores del pueblo de Dios de “orientar a los fieles en aquellos planteamientos políticos que, por sus implicaciones religiosas, morales y sociales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia católica”. También, el deber de los fieles cristianos “de participar en todo aquello que hace posible la construcción del bien común en la sociedad”.

Qué será el “bien común”, los prelados no lo definen, pero saben de qué hablan: poner a la persona y su dignidad “por encima de los intereses partidarios o particulares de los partidos [sic] y sus ideologías” (primera de nueve propuestas), así como “una verdadera libertad religiosa... de los creyentes para expresar libremente su fe y, sólo en segundo lugar, a [sic] las instituciones que los agrupan”. Primero la fe y luego la adhesión a las instituciones. Un concepto, como se ve, muy diferente de aquel orden social que Santo Tomás de Aquino veía como parte del orden universal que Dios había instituido en las cosas.

Los jerarcas católicos llaman a sus fieles a promover activamente el fortalecimiento de la familia cristiana. La familia no cristiana no les interesa en absoluto, tal vez porque constituye una comunidad muy minoritaria. La base infaltable e inmodificable es la definición del matrimonio como la unión que forman un hombre y una mujer. Si a algunos les da la gana de constituirse en matrimonio con parejas del mismo sexo, evidentemente, cometerán un grave pecado que ellos quisieran que fuera definido como delito, es decir, como un acto penado por la ley.

Como parte de los derechos naturales que rodean la institución de la familia se encuentra, desde luego, el derecho exclusivo de educar y orientar a sus hijos y dependientes como “la sociedad humana y cristiana” que son. También aquí de los que no tienen la fortuna de ser parte de una sociedad así, sino que conforman otros credos religiosos y sociales, no se dice ni media palabra y hay que dar por hecho que son como aquellos extranjeros que practican extrañas costumbres y son, acaso, unos idólatras. ¿Para qué pensar en ellos?

A muchos ha sorprendido siempre (y es probable que entre ellos abunden los católicos) cómo es que los curas de este credo, por un lado, sienten la necesidad de pastorear a sus feligreses porque los ven todo el tiempo al borde del pecado y, de verdad, no confían en ellos para guiarse a sí mismos, mientras que, por otro lado, piensan que la familia es la única institución capaz de educar a sus hijos, no obstante la ignorancia y la barbarie generalizada en la que viven todas las de su especie, en un país en el que ni el Estado y ni siquiera la Iglesia han hecho nada por elevar sus niveles de cultura y de civilidad.

Los prelados llaman a promover varios tópicos que tienen que ver, indudablemente, con el bienestar de todos y con la paz social, y se hace alusión en los puntos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, al combate a la injusticia social, la lucha contra la corrupción, la promoción del desarrollo económico, el combate al crimen organizado, el cuidado y la protección de las personas más vulnerables (ancianos, indígenas, niños y discapacitados) y la preservación de “los recursos naturales de la nación”, respectivamente. El problema es que no dicen nada de cómo los fieles van a luchar por esos objetivos ni en qué consiste su problemática.

Aparte de ello, aprovechan el viaje para lanzar algún petardo, por ejemplo, cuando en el punto 5, a propósito de la corrupción, postulan que hay que partir de “un historial limpio de los candidatos”, como si ellos fueran la autoridad que debe juzgar del asunto, o cuando en el 6 acusan a los “intereses partidistas” de aplazar “una serie de reformas constitucionales... que frenan injusta e irresponsablemente el desarrollo de las futuras generaciones”. Deberían decirnos qué saben al respecto, pero está claro que no hacen más que repetir lo que Calderón, su presidente, dice todos los días.

Ahora sabemos (punto 9) que “los recursos naturales de la nación” (la expresión es de ellos) nos han sido dados y confiados por Dios. Hasta hoy yo pensaba que la nación, al instituir las relaciones de propiedad en el artículo 27 constitucional y reservar para su dominio exclusivo los bienes naturales que en él se mencionan (tierras y aguas, el subsuelo y sus recursos, los zócalos submarinos, el espacio radioeléctrico y los mares territoriales) no le había pedido permiso a Dios ni creo que supiera que Él los había creado para ella. Es de celebrarse, empero, que los prelados hagan suya la doctrina del 27.

Finalmente, en torno al asunto del aborto, los jerarcas nos dicen lo de siempre: “En lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su fin natural”. Cabe preguntar qué pasaría si un candidato o un partido se atreve a decir que no está de acuerdo con semejante punto de vista. Desde luego, me imagino, los fieles les negarían su voto. Pero, ¿es que los prelados no saben o no se han enterado de que la ley les prohíbe hacer semejantes pronunciamientos?

Resulta claro que ellos están probando su suerte, esperando que ninguna autoridad electoral o administrativa les llame al orden o los sancione. Ya veremos si dichas autoridades tienen la voluntad de hacerlo. Los jerarcas seguirán en lo suyo, que es ignorar la ley y negarse a observarla


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